La presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) entrañó para México una transformación radical en varios terrenos. En el económico y comercial, las reformas estructurales y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la Revolución y la creación del TLCAN abundaron en una modernización de corte liberal, mudanzas que junto con otras reformas de calado en el sistema político coadyuvaron, paradójicamente, al final de la larga supremacía de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). El reguero de conmociones sufridas en el último año, con el alzamiento zapatista en Chiapas, dos magnicidios de dirigentes priístas y la descomunal crisis financiera que le estalló ya a su sucesor, Ernesto Zedillo, y que arruinó los cacareados logros macroeconómicos del sexenio y empobreció a la población, malparó la reputación de Salinas, que optó por expatriarse.
Bajo la Administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca. La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.
Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.
El segundo florón del "liberalismo social" pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera "contrarreforma agraria".
En tercer lugar, Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia fuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En la liberalización comercial, en el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México, sus perspectivas de progreso, y en primer lugar, el presidente apostó duro por la inclusión de México en el área de libre comercio ultimada por Canadá y Estados Unidos, país que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior. Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a la Norteamérica rica y anglosajona desembocó en la firma por Salinas el 17 de diciembre de 1992, a la vez que lo hacían, cada uno en su país, el presidente George Bush y el primer ministro Brian Mulroney, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en su sigla en inglés), por el que los tres países asumían un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años a partir del primer día de 1994. Si todo iba bien, en 2004 el TLCAN debía estar plenamente operativo.
El sueño librecambista de Salinas no estuvo lejos de ser arruinado debido a las fuertes resistencias que el proyecto concitó en sectores políticos y económicos de Estados Unidos, donde cundió el temor a la entrada de productos mexicanos de bajo precio y a una deslocalización de inversiones productivas buscando mano de obra barata, pero el 17 de noviembre de 1993, con gran alivio del mandatario, el Congreso de Washington aprobó el tratado gracias a la campaña promocional lanzada por el nuevo presidente demócrata, Bill Clinton. En opinión de Salinas, el libre acceso a un vasto mercado de 290 millones de habitantes iba a relanzar las exportaciones mexicanas, mientras que la apertura normativa doméstica iba a facilitar el desembarco de fuertes inversiones de los empresarios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial (produciendo bienes de consumo directamente destinados a la exportación), con la consiguiente creación de miles de puestos de trabajo. Pero los críticos de la integración comercial presentaron una batería de argumentos adversos y empezaron por destacar los riesgos que supondría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.
Del importante nivel que alcanzó el diálogo mexicano-estadounidense dejaron constancia las numerosas cumbres presidenciales sostenidas por Salinas, doce en total, con Bush y Clinton. La primera reunión de Salinas como presidente en ejercicio con Bush tuvo lugar en París el 14 de julio de 1989, su primera visita oficial a Estados Unidos discurrió del 1 al 6 de octubre del mismo año y la primera recepción a Bush en casa, en Monterrey y Agualeguas, aconteció el 26 y el 27 de noviembre de 1990. Con Clinton, Salinas intercambió las primeras citas en Nueva York el 26 de septiembre de 1994, y en el DF y Tlaxcala del 5 al 7 de mayo de 1997.
Salinas vigiló atentamente toda posibilidad que permitiera a México adherirse a las iniciativas emergentes de la nueva economía globalizada. Con el propósito de diversificar en lo posible la clientela comercial, México fue el primer país latinoamericano que ingresó en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el escenario de la I Reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la organización celebrada en Seattle el 19 y el 20 de noviembre de 1993, mientras que la admisión, el 18 de mayo de 1994, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), exclusivo club del capitalismo internacional que hasta entonces no había extendido la membresía a ninguno de los categorizados como nuevos países industrializados, le permitió identificarse con el primer mundo económico, no obstante continuar México anclado entre los países de desarrollo medio.La prioridad del TLCAN no fue a costa, empero, de los tradicionales vínculos con los estados de América Central y el Sur; antes al contrario, éstos se renovaron, aunque desde una perspectiva más desideologizada y comercial. El 10 de enero de 1991 Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, acogió una cumbre entre Salinas y los cinco presidentes centroamericanos que significó el relanzamiento del protagonismo de México en la región y que preparó el acuerdo, firmado por los cancilleres en Managua el 20 de octubre de 1992, sobre la creación de una zona de libre comercio a seis.
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